En juego la viabilidad de la Universidad Pública ¿riesgo o crisis? (art2)Pupitrazos, movilizaciones, carnavales, comunicados, asambleas, foros, mesas de trabajo y expresiones gráficas alteraron en las últimas semanas el regular curso del calendario académico de la Universidad de Caldas, poniendo de manifiesto junto con otras universidades públicas la crisis financiera y social que viene afrontando la educación superior desde hace ya 17 años en nuestro país. Espacios y expresiones de la vida universitaria, que si bien irrumpen en la cotidianidad académica y laboral, demandan a los diversos estamentos revivir la construcción de saberes, seres y prácticas comprometidas con la defensa de la educación pública, gratuita y de cara a las realidades sociales.
A continuación se enuncian los móviles de las actuales exigencias de la comunidad universitaria a nivel nacional.
Las 32 universidades públicas del país han tenido el presupuesto congelado desde hace 17 años, debido a la implementación de la ley 30 de 1992, la cual establece el aumento de presupuesto de las universidades según el índice de precios al consumidor, sin tener presente el progresivo aumento de los gastos de funcionamiento de estas. Gastos que una década atrás no eran recurrentes y ahora son cada vez más exigentes, como: ampliación de cobertura educativa, formación y productividad académica de docentes; fortalecimiento de la investigación; adecuación de infraestructura; pasivo pensional; acreditación de programas e instituciones entre otros.
El Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso para 2010 es de 148,3 billones de pesos, de los cuales se ha distribuido para seguridad democrática (léase inversión para la guerra) un 14.2% del Producto Interno Bruto (PIB), 13.9% para la educación y 0.4% para educación superior.
Si bien el gobierno aprobó una adición de 160.000 millones, ASPU (Asociación Sindical de Profesores Universitarios) y Fenalprou (Federación Nacional de Profesores Universitarios) exigen el incremento a 605.502 millones de pesos; 508.985 millones correspondiente a funcionamiento, 96.517 millones para inversión y un adicional de 163.890 millones para pensiones.
El consejo de rectores del SUE (Sistema Universitario Estatal) sustentado en la ley 30 de 1992 propone una Compensación de mínimo 5.5% además del aumento del IPC en el presupuesto. Por su parte asociaciones docentes y estudiantes exigen el Incremento del presupuesto mínimo en un 9% sobre el IPC.
En el caso nuestro, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional destinará para la Universidad de Caldas en el 2010 la suma de $73.062,6 millones, valor que no logra subsanar el funcionamiento total de la institución de manera que se exige un aumento hasta $95.766,10 millones.
La versión oficial
En diálogo con el rector, Ricardo Gómez, manifiesta que la universidad se encuentra en riesgo más no en crisis: “El riesgo consiste en que los costos de financiamiento han aumentado y el presupuesto aportado por la Nación ha disminuido”.
Costos adicionales que evidencian el riesgo según el rector:
1) Desde 1992 la cobertura estudiantil ha aumentado entre un 100 y un 300% en las distintas universidades del país.
2) Los Decretos 1444 y 1279 de productividad académica de los profesores han incrementado los costos, significando 600 millones para Universidad de Caldas (cuanto tiempo o desde cuando)
3) En el 2007 la Ley de pensiones y de salud implicó un 0.5% más de aporte a la Seguridad Social en cada una.
4) Las universidades han cumplido con la exoneración por votación de un 10% en matricula, sin que aún se haya definido como se va a reponer este dinero.
5) La Sentencia de la Corte Constitucional en la que plantea el pago de prestaciones sociales a docentes ocasionales y catedráticos. Sólo en 2007 costó 700 millones para la Universidad de Caldas.
Acciones de la dirección universitaria
Gómez Giraldo hace mención a varias acciones emprendidas por los rectores:
• Una relacionada con el encuentro en junio de este año en la ciudad de Tunja entre los 32 rectores y el Presidente, donde demostraron el aumento de los costos de funcionamiento y la reducción de los recursos de la Nación. Sin embargo, deja entrever que esto no logró un punto de acuerdo entre las partes.
• Lograron que el Congreso aprobara $70.000 millones más de presupuesto para el año entrante. Pero el Ministerio de Educación solicitó al Congreso que ese rubro no fuera para compensar las universidades sino para incrementar la cobertura a través del Icetex, sin que el dinero llegue directamente a las universidades.
• Consiguieron que $42.000 millones del ICFES, que iban a ser distribuidos entre universidades públicas y privadas, se dirigieran sólo a las públicas.
• Actualmente, no conocen realmente que aprobó el congreso con esos $70.000 millones, así como desconocen si lo aprobado del ICFES se destinará para compensación o cobertura, y cuales son los criterios de distribución entre las universidades.
• Termina enfatizando que han visitado al Contralor General de la República, al Presidente y la Ministra de Educación, solicitando compensar los costos, pero sin respuestas claras.
Sobre pasivo pensional
En 2007 salió del congreso el artículo 38 donde se planteaba que las universidades debían asumir la totalidad del pasivo pensional, dice el rector que demandaron ante la Corte Constitucional y esta tumbó parcialmente ese proyecto. Luego en 2008 la Corte declaró que las universidades del Chocó, Caldas, Cauca, Córdoba y Atlántico deberían concurrir.
En estos momentos se encuentran en el Congreso de la Republica dos proyectos de ley sobre pasivo pensional. Uno presentado por la senadora Gloria Inés Ramírez que propone que el Estado asuma la totalidad del pasivo pensional de las cinco universidades. Para Ricardo Gómez esta propuesta es inconstitucional porque la Corte enunció que las universidades deben concurrir, sin usar los recursos de funcionamiento; la otra propuesta es la presentada por los rectores quienes proponen una concurrencia de un 7% aportado por la universidad y el 93% por la Nación.
Según Ricardo Castaño Zapata, quien acaba de ser elegido como representante de los profesores al Consejo Superior, los docentes apoyan el proyecto de Gloria Inés para que el Estado asuma el ciento por ciento de la carga pensional. Para él, es una obligación constitucional del Estado sobre la Educación.
Estos proyectos se encuentran en conciliación y aún no se tiene claro cual de los dos está en debate.
Propuestas para evitar la crisis o enfrentar el riesgo
Gómez Giraldo hace mención a varias acciones emprendidas por los rectores:
• Una relacionada con el encuentro en junio de este año en la ciudad de Tunja entre los 32 rectores y el Presidente, donde demostraron el aumento de los costos de funcionamiento y la reducción de los recursos de la Nación. Sin embargo, deja entrever que esto no logró un punto de acuerdo entre las partes.
• Lograron que el Congreso aprobara $70.000 millones más de presupuesto para el año entrante. Pero el Ministerio de Educación solicitó al Congreso que ese rubro no fuera para compensar las universidades sino para incrementar la cobertura a través del Icetex, sin que el dinero llegue directamente a las universidades.
• Consiguieron que $42.000 millones del ICFES, que iban a ser distribuidos entre universidades públicas y privadas, se dirigieran sólo a las públicas.
• Actualmente, no conocen realmente que aprobó el congreso con esos $70.000 millones, así como desconocen si lo aprobado del ICFES se destinará para compensación o cobertura, y cuales son los criterios de distribución entre las universidades.
• Termina enfatizando que han visitado al Contralor General de la República, al Presidente y la Ministra de Educación, solicitando compensar los costos, pero sin respuestas claras.
Sobre pasivo pensional
En 2007 salió del congreso el artículo 38 donde se planteaba que las universidades debían asumir la totalidad del pasivo pensional, dice el rector que demandaron ante la Corte Constitucional y esta tumbó parcialmente ese proyecto. Luego en 2008 la Corte declaró que las universidades del Chocó, Caldas, Cauca, Córdoba y Atlántico deberían concurrir.
En estos momentos se encuentran en el Congreso de la Republica dos proyectos de ley sobre pasivo pensional. Uno presentado por la senadora Gloria Inés Ramírez que propone que el Estado asuma la totalidad del pasivo pensional de las cinco universidades. Para Ricardo Gómez esta propuesta es inconstitucional porque la Corte enunció que las universidades deben concurrir, sin usar los recursos de funcionamiento; la otra propuesta es la presentada por los rectores quienes proponen una concurrencia de un 7% aportado por la universidad y el 93% por la Nación.
Según Ricardo Castaño Zapata, quien acaba de ser elegido como representante de los profesores al Consejo Superior, los docentes apoyan el proyecto de Gloria Inés para que el Estado asuma el ciento por ciento de la carga pensional. Para él, es una obligación constitucional del Estado sobre la Educación.
Estos proyectos se encuentran en conciliación y aún no se tiene claro cual de los dos está en debate.
Propuestas para evitar la crisis o enfrentar el riesgo
Multiestamental Universitaria
1) Realizar dos campañas:
Presupuesto guerra vs. Presupuesto educación.
Reelección=privatización.
2) Declaración Política: Se retoma la declaración del encuentro de abril pasado y se le agrega: rechazo a los TLC, rechazo a las bases militares norteamericanas, exigir la renuncia de la Ministra de Educación, rechazar la concurrencia en las universidades de orden regional, rechazar el ECAES, exigir presupuesto que como mínimo cubra el déficit de las 32 universidades públicas.
3) Foros programáticos, locales y regionales, que permitan la construcción de un pliego reivindicativo
4) Crear escenarios amplios estudiantiles, como, mesas amplias de trabajo; estas mesas deben salir de referentes amplios como asambleas, trabajaran temas como el presupuesto educativo y el modelo pedagógico; se encargarán de dinamizar los foros y las campañas.
5) Construir un periódico interuniversitario y un sitio web o blog
6)Encuentro-Foro Nacional de Estudiantes Universitarios, En Barranquilla, en Abril de 2010; previo a este evento se deben haber realizado Encuentros y foros locales y regionales
Crear un frente amplio en defensa de la educación pública.
Ricardo Gómez
1) Actitud más clara de concertación por parte del gobierno.
Necesidad de un marco legal que decrete la manera como cubrir el pasivo pensional.
2) No es necesario reformar la Ley 30 para que el Estado envíe más presupuesto, porque se pone en riesgo la autonomía universitaria.
3) Las universidades públicas necesitamos hacer una gestión eficiente, sin politiquería, sin desperdicio y que generen recursos propios.
4) A los estudiantes:
Estar atentos a la información y desinformación.
No bloquear, ya que ello no construye Universidad.
5) “Sino ganamos la batalla este año, el año entrante la seguiremos dando”.
Fuentes:
http://www.aspucol.org/
Periódico Autonomía Universitaria. Federación Nacional de Profesores Universitarios. Año 6 N° 9 octubre de 2009.
http://www.redrevuelta.org/es/
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