lunes, 23 de noviembre de 2009

En medio de la guerra… (art.2)

La comunidad indígena Kamëntšá, tras haber sufrido durante siglos, al igual que todas los pueblos y naciones originarias del Abya-Yala 1 , la expropiación de sus territorios, el saqueo de los recursos naturales renovables y no renovables, el despojo de sus tierras ancestralmente habitadas, la transculturación y el adoctrinamiento, la humillación y la barbarie como consecuencia de las políticas de exterminio, la militarización de lugares sagrados y su consecuente profanación, la etnofobia y marginalización, el etnocidio y la segregación, la servidumbre y humillación, ha sido condenada a la desaparición física y cultural, sus costumbres ancestrales de trabajo, gobierno y autoridad han sido transmutadas por formas ajenas de poder y de auspicio del individualismo; sus parcelas (microfundios), sobre las cuales ejerce un mero derecho real de usufructo, han sido igualmente objeto de negocios jurídicos (compraventa, arrendamiento, anticresis, etc.) lesivos de sus derechos ancestrales de propiedad que generalmente premian a colonos terratenientes quienes tienen una posición dominante debido a su condición económica ‘privilegiada’ y que cuentan con el apoyo institucional de las administraciones municipales, departamentales y nacionales; las relaciones sociales y de parentesco han sido generacionalmente reemplazadas por formas de relación ‘occidental’, los grados de consanguinidad se toman de acuerdo a lo impuesto por las leyes nacionales y las relaciones sociales, generalmente de trabajo, estudio, deporte o amistad, se rigen igualmente por principios y valores foráneos, lo que ha generado el establecimiento de relaciones patrono-obrero o patrono-empleada, siendo la comunidad quien tiene la mano de obra más calificada y menos apreciable en términos pecuniarios para desarrollar las labores agrícolas y del hogar.

No menos importante es la situación de niños y jóvenes de la comunidad que han tenido que desplazarse hacia territorio del piedemonte amazónico a desempeñarse como obreros (raspachines, administradores de fincas cocaleras) en zonas de cultivos ilícitos (coca, marihuana, amapola, etc.), así como también a departamentos vecinos (Nariño, Cauca y Caquetá) en la ejecución de las mismas tareas. Las zonas de influencia de cultivos ilícitos por lo general se encuentran surcadas por actores armados estatales, paraestatales y subversivos; los primeros realizando vigilancia y control de las políticas de estado y gobierno, observando la aplicabilidad de programas de erradicación de cultivos ilícitos y sustitución por cultivos de pan-coger; los segundos generalmente ejerciendo monopolio privado de la fuerza otorgada por hacendados y terratenientes y, los terceros en una lucha armada por ‘subvertir’ el poder y el statu quo; estos actores armados se han caracterizado por la utilización de formas violentas de reclutamiento, comisión de crímenes de lesa humanidad (genocidio, etnocidio, desplazamiento forzado) y financiación de sus ‘causas’ a partir del tráfico de armas y drogas. En este escenario muchos jóvenes indígenas y campesinos de la región han sido asesinados, mutilados o desaparecidos, presentados posteriormente a su comunidad como “terroristas” (falsos positivos, realmente ejecuciones extrajudiciales), originando una crisis humanitaria de grandes proporciones en las familias y en la comunidad. La mayor parte de dichos crímenes no son denunciados por las familias debido a la falta de información, al temor por represalias posteriores o por simple descuido. Así las cosas la comunidad Kamëntšá, como otros treinta y tres (33) pueblos indígenas de Colombia, ha sido declarada en peligro de extinción física y cultural mediante Auto 004 de enero 26 de 2009 de la Corte Constitucional en la cual se obliga al Gobierno Nacional a implementar una política de protección y garantía de existencia en condiciones dignas de dichas comunidades, política que hasta el momento no ha sido implementada, mientras tanto comunidades indígenas, locales y campesinas seguirán poniendo los muertos.

1)“Tierra viva” en lengua indígena Kuna (Panamá)


Juan C. Jacanamijoy J.
Tesista Programa de Derecho
e-mail: jcjacanamijoyj@gmail.com

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