Achaques de la universidad pública (art.1)
Los estudiantes de la Universidad de Caldas completamos dos semanas de cese de actividades académicas, de jornadas de asambleas informativas y decisorias, así como movilizaciones por las calles de la ciudad, que contaron con una participación muy importante de los estudiantes de las 6 facultades, a lo que se sumó también el apoyo de los trabajadores y profesores de la Universidad. Pero estas jornadas no se presentaron de forma aislada, ya que tuvieron una articulación nacional, toda vez que los pliegos de la movilización estudiantil son en el fondo los mismos dentro de las 32 universidades públicas que sobreviven en nuestro país, salvo pequeñas diferencias de valores.
Los estudiantes de la Universidad de Caldas completamos dos semanas de cese de actividades académicas, de jornadas de asambleas informativas y decisorias, así como movilizaciones por las calles de la ciudad, que contaron con una participación muy importante de los estudiantes de las 6 facultades, a lo que se sumó también el apoyo de los trabajadores y profesores de la Universidad. Pero estas jornadas no se presentaron de forma aislada, ya que tuvieron una articulación nacional, toda vez que los pliegos de la movilización estudiantil son en el fondo los mismos dentro de las 32 universidades públicas que sobreviven en nuestro país, salvo pequeñas diferencias de valores.
El tema central de la discusión es el desfinanciamiento progresivo de las universidades públicas que va generando una insostenibilidad financiera que las deja en riesgo de privatizarlas (como ha venido sucediendo en universidades como la del Quindío, del Atlántico y de Envigado, donde la tabla de matrículas es similar a la de algunas universidades privadas), problema que tiene su origen a partir de la reglamentación de la financiación por parte del Estado de la universidad pública, estipulada en el artículo 86 de la Ley 30 del 92 donde se establece que ese aumento estará definido según el IPC (índice de precios del consumidor), parámetro que no responde a las necesidades reales de los gastos de funcionamiento derivados de elementos como la infraestructura física, aumento de la cobertura a nivel de pre y posgrado, y aumento de la planta docente entre otros.
Además, no se puede olvidar que con la ley 100 de 1993 el gobierno nacional obliga a las universidades a asumir parte del pasivo pensional el cual, en el caso de la Universidad de Caldas, asciende a los 467.000 millones de pesos aproximadamente, haciendo que las universidades publicas se vean obligadas a generar ingresos adicionales a los que están recibiendo por parte del Estado porque la plata no alcanza. En este sentido, se puede visualizar la apertura de nuevos programas de pregrado y posgrado que muchas veces no cumplen con criterios de calidad y tan sólo responden a la necesidad impuesta desde el gobierno central de ampliar indiscriminadamente la cobertura (algo muy similar a lo que está sucediendo con el aseguramiento en salud), poner la universidad al servicio de la empresa privada y no al servicio de la sociedad como debe ser, lo cuál también entra en clara contradicción con los principios constitucionales emanados en el Artículo 26 donde se señala que la educación es un derecho frente al cuál el Estado debe garantizar el acceso de todos los ciudadanos y no -como lo vienen interpretando algunos rectores y hasta el mismo gobierno- que la educación es un negocio que debe ser puesto al vaivén de las leyes del mercado, con criterios de rentabilidad como si los claustros universitarios fueran una empresa bananera.Es importante entender que el problema no reside en la incapacidad económica del Estado de asumir la obligación que la Constitución le determina, sino en la política que el Gobierno viene implementando donde el gasto en inversión social es cada vez menor y el gasto en seguridad absorbe incontroladamente más presupuesto. Muestra de esto es que la inversión destinada a la Universidad Pública fue del 0.4% del PIB mientras que para seguridad se destinó el 14.2% del PIB. Esperamos que estas líneas sirvan para informar y crear conciencia frente a la problemática que aqueja y amenaza la Universidad Pública en general, la cuál nos pertenece a todos, al negro, al indio, al mulato, al mestizo, al blanco, al joven colegial, al campesino, al desterrado; motivo por el cuál debemos defenderla desde la argumentación y la razón en todos los escenarios, permitiendo de esta manera visualizar la problemática, con el objeto de integrar a toda la sociedad en la discusión. Frente a esto, debemos tener claridad de que esta es una lucha de largo aliento y que demanda de nosotros mucho compromiso y entrega, porque como alguna vez se sentenció: “Desgraciados aquellos estudiantes que sean incapaces de hacer temblar el suelo con sus marchas”.
Adán Guzmán/Colectivo Estudiantil Jaime Pardo Leal
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