La Gotera (Edición # 011)

¿Cuánto cuesta un veto?

Según la Constitución Política de Colombia, por estas tierras del Sagrado Corazón hay libertad de expresión y por lo tanto ‘Residente’ del grupo Calle 13 tenía el derecho de ponerse la camiseta que le diera la gana y además de que en ella dijera lo que a él le diera la gana.
Ese mismo derecho lo tiene, incluso para decir bobadas si quiere, el Alcalde de Manizales, Juan Manuel Llano Uribe. Nuestra constitución, como vemos, no hace diferencia entre quienes hablan, aunque hablen mal.
Hasta acá todo muy bien, hasta chistoso. El problema comienza cuando el Alcalde decide pagar un aviso en La Patria para vetar a Calle 13. Resulta que su chistecito tiene un costo de seis millones de pesos. Como la Alcaldía de Manizales tiene un contrato de publicidad por todo el año con este periódico, es posible que tenga un importante descuento, digamos pues, que tan solo costó cuatro millones de pesos.
Cuatro millones de pesos!!! No de él, de los contribuyentes, ese dinero no le pertenece aunque se crea dueño de la ciudad y por lo tanto con capacidad de decidir quién viene y quién no, aunque nuestras leyes permitan la libre movilización.
Llano pretende salir a decir que Calle 13 insultó al país y a la ciudad cuando en realidad el ataque del músico iba contra una persona. Así que en realidad el veto no es por defender el honor de los colombianos, sino de uno en especial, al que el llama cariñosamente papá.
A Juan Manuel Llano parece no importarle no tener argumentos legales ni constitucionales para vetar a Calle 13. Toma decisiones con relación al presupuesto basado en sus prejuicios, sin tener en cuenta verdaderas necesidades de la ciudad. Uno de los fundamentos de la libertad de expresión es respetar la disidencia y las opiniones, pero el finge ignorarlo porque no le importa la ciudad ni los ciudadanos.
En este momento circula por Facebook un derecho de petición: (http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=186420446356&ref=mf) para exigirle al Alcalde que explique jurídicamente su decisión.
Por ahora le propongo a todo estudiante desocupado, con ganas de enviar un derecho de petición, tener en cuenta estas palabras de la abogada Ana Paula Castro Castro:
“Me parece que sería muy bueno pedirle al Alcalde el sustento de la contratación con La Patria, es decir, dónde está el estudio previo que fundamenta la necesidad de que se hiciera esa contratación para publicar el asunto. Tiene que existir algún fundamento para poder gastarse la plata pública en difundir ideas privadas que no tienen nada que ver con el interés general. Me parece que podría analizarse la posibilidad de una indebida contratación. Es probable que pueda prosperar algo al respecto porque ni legal ni constitucionalmente el vetar a un grupo amerita una contratación administrativa, difundir las ideas personales de un funcionario no tiene nada que ver con los objetos de contratación estatal”.